El cliente renuncia explícitamente a sus propios términos y condiciones estándar, incluso si se redactaron después de estos términos y condiciones estándar de venta. Para que sea válida, cualquier derogación debe acordarse expresamente por escrito y con antelación. Nuestras facturas se abonan en un plazo de 5 días laborables, salvo que se indique otro plazo de pago en la factura o en el pedido. En caso de impago en la fecha de vencimiento, Pócima Digital SAS se reserva el derecho de solicitar el pago de un interés fijo del 10% de la suma pendiente. Pócima Digital SAS estará autorizada a suspender la prestación de cualquier servicio sin previo aviso en caso de retraso en el pago. Si un pago sigue pendiente más de sesenta (60) días después de la fecha de vencimiento, Pócima Digital SAS se reserva el derecho de recurrir a los servicios de una empresa de cobro de deudas. Todos los gastos legales correrán a cargo del cliente.
Algunos países aplican una retención en la fuente sobre el importe de las facturas, de conformidad con su legislación interna. La retención en la fuente que se efectúe correrá a cargo del cliente a la administración fiscal. Pócima Digital SAS no podrá en ningún caso verse involucrada en los costes relacionados con la legislación de un país. Por tanto, el importe de la factura se adeudará a Pócima Digital SAS en su totalidad y no incluye los costes relacionados con la legislación del país en el que se encuentra el cliente. Pócima Digital SAS se compromete a hacer todo lo posible para proporcionar servicios de calidad en el plazo acordado. Sin embargo, ninguna de sus obligaciones puede considerarse una obligación de obtener resultados. Pócima Digital SAS no podrá, en ningún caso, ser obligada por el cliente a comparecer como tercero en el contexto de cualquier reclamación por daños y perjuicios interpuesta contra el cliente por un consumidor final.
Para que sea admisible, toda reclamación deberá ser notificada a Pócima Digital SAS mediante carta certificada enviada a su domicilio legal dentro de los 8 días siguientes a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios.
Todas las relaciones contractuales se regirán exclusivamente por las leyes de Uruguay.